El modelo cubano genera delincuencia

El modelo cubano genera delincuencia

 Por Víctor Ariel González

Las leyes cubanas vigentes suelen atentar contra sí mismas a causa de su estrechez. En vez de brindar un marco jurídico propiciatorio del orden y el respeto a las normas, lo que conllevan es a la asfixia económica de los individuos. Es que son dictadas por un aparato gubernamental cuyos jefes parecen vivir en otro país y, más pronto que luego, chocan con la realidad de los problemas cotidianos, afectando siempre a los sectores más vulnerables y abundantes de la deteriorada sociedad actual. La población se ve forzada entonces a vivir al margen de la legalidad, por la legítima necesidad de la supervivencia. 

De esa forma, se vuelve totalmente justificado el robo que se hace al Estado. Los padres que necesitan alimentar apropiadamente a sus hijos –que no ya hacerse ricos o darse lujos– tienen motivos más que suficientes para actuar como ladrones. Igualmente sucede con los que poseen un pequeño negocio privado y comercializan productos y servicios al margen de la ley: no es honesta su forma de proceder, pero se entiende de sobra que de otra forma no es posible la subsistencia.  Por otro lado, estos agentes son los proveedores de un mercado negro que, durante años, ha sido la principal entrada de productos de primera necesidad para otras familias. De esta forma, se puede afirmar incluso que ellos prestan cierto servicio a la comunidad.

El motivo esencial sobre el que se sustenta este sistema es la centralización excesiva que comenzó a imponer el gobierno, inamovible en el Poder a partir de 1959. Aquella política terminó clausurando, con la Ofensiva Revolucionaria de 1968, hasta los pequeños negocios que daban trabajo a muchos ciudadanos y sustentaban a familias enteras. Y aunque a partir del traspaso de poderes que colocó al actual presidente cubano en su cargo se han implementado reformas que anuncian una apertura económica, salta a la vista que el gobierno cede parte de su control absoluto a regañadientes.

Las modificaciones socioeconómicas –nunca políticas– de Raúl Castro procuran no ser demasiado abiertas como para que la gente olvide quién es el que manda.  Así por ejemplo, todo el comercio privado de productos industriales, que prosperó al amparo de las nuevas licencias emitidas por el gobierno, ha sido llamado a cerrar sus puertas so pena de confiscación de bienes. La clausura forzosa no solo provocará más desconfianza en el “nuevo modelo” que proponen los gobernantes, sino que todo el comercio ahora vuelto a prohibir vuelva a la clandestinidad, a funcionar de la misma manera en que lo hizo durante años: la ilegalidad.

La actitud oficial acusa la voluntad del Estado de seguir controlándolo todo de forma casi inalterable.   Una vez más, se hace evidente que la solución es liberar la economía, permitir que los individuos se desarrollen en la medida de sus capacidades. Pero antes que eso, se requeriría una profunda reforma política y el surgimiento de unas garantías legales que permitan que los privados prosperen sin el peligro de ser proscritos de un momento a otro. Es necesario dejar de combatir la riqueza de los ciudadanos para combatir la pobreza de la sociedad. La renovación de la dirigencia del país o de la forma de gobierno es un imperativo para acabar con la ilegalidad. Las normas deben estar acordes a las necesidades de la población y no de la ideología hegemónica del Estado cubano.  
 
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