La Nueva República: Sobre el presupuesto del Estado
Durante décadas, las cifras y destinos del dinero que administra el gobierno cubano (es decir, el presupuesto del Estado, el fondo público) han sido desconocidos. Nadie puede acceder a esta información, cuyos números relacionados con ingresos y gastos concretos son guardados en secreto por los dirigentes del país.
En cualquier país el Estado funciona, entre otras cosas, como un ente jurídico que administra los bienes de la nación que no sean capital privado. Es una mega institución que no produce nada de por sí, sino que constituye un cuerpo burocrático que necesita recursos, aunque al mismo tiempo su papel es imprescindible para el funcionamiento de una sociedad. Y dado que una buena parte de los bienes que administra son públicos, a los que todos los ciudadanos deben tener iguales posibilidades de acceso, sería lógico que cualquier individuo que quisiera informarse acerca del uso que se le da a lo que se cobra en sus impuestos pudiera hacer uso de ese derecho. Es más, los gobernantes de cualquier país tienen la obligación de elaborar y divulgar informes que den fe de todos los gastos públicos en que se incurren. Es decir, de rendir cuentas sobre los recursos que fueron depositados bajo su administración como resultado de unas elecciones democráticas.
Pero nada de esto pasa en Cuba. Aquí el Estado ha pretendido durante décadas imperar en todas las ramas de la producción nacional, desdibujando la figura del empleado público. Para el Estado trabaja la gran mayoría de la fuerza laboral del país, que se contrata en las empresas estatales: un modelo económico fracasado porque ha demostrado su ineficacia. La forma tradicional de impuestos sobre el ingreso no es aplicable en Cuba dado lo exiguo del salario medio y, por otra parte, una justificación para tan bajos sueldos es que el Estado “subsidia” prestaciones sociales como salud y educación.
Además, el gobierno que administra los recursos de la nación no llegó al poder precisamente mediante elecciones democráticas. El caso cubano se distingue negativamente del mundo civilizado. La dictadura no reconoce que deba rendir cuentas a nadie, mucho menos al pueblo que dice gobernar, y los dirigentes del país no se sienten obligados a informar sobre los bienes y servicios que se generan, como mismo no se han sentido obligados a legitimar su permanencia indefinida como máximos representantes del Estado.
Todo secretismo sobre el presupuesto de la nación sucede, presumiblemente, porque habría que ser un verdadero artista de las finanzas para elaborar un informe (ficticio) donde no se reflejen el robo institucional y la corrupción, la incompetencia de los altos cargos para administrar bien y lo arbitrario de las decisiones de alto nivel.
Por Víctor Ariel González
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