domingo, 12 de noviembre de 2017

Dos tribunales fallaron a mi favor y por tráfico de influencia el Tribunal Supremo se plegó

 Raydel Leyva Batista

Tribunal Municipal Gibara, Sección Velasco, Tribunal Provincial Holguín. Materia Laboral, expediente #2 de 2016.  

Yo, Raydel Leyva Batista, # de carné 67062425843, dirección El Pital Adentro, municipio de Gibara, provincia Holguín hago esta denuncia.

Fui separado de mi trabajo por pedir un peritaje médico por presentar problemas de salud y por denunciar irregularidades, ilegalidades y corrupción en la CPA José Manuel Rodríguez del  Pital, lugar donde vivo. 

El caso fue trasladado al tribunal municipal de Gibara que falló a mi favor. Inconforme con la decisión, la CPA apeló al tribunal provincial de Holguín, este declaró sin lugar  el recurso de apelación y a la vez le dio cuenta a la  fiscalía en virtud del artículo # 6, ley de los tribunales, al demostrarse fehacientemente probado en el recurso de apelación que el el empleador, el presidente de la CPA Carlos Diéguez Perodín y la económica Marisela Batista Leyva habían falsificado mi contrato de trabajo.

Posteriormente este presidente de la CPA solicitó revisión al Tribunal Supremo, fallando este a favor de la CPA, olvidando ex profeso (a propósito, con intención, deliberadamente) el delito de falsificación de documentos y otros delitos más, como por ejemplo desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, quedando corroborado por los tribunales de primera y segunda instancia.

Pero por haber existido tráfico de influencia y prevaricato* estos hechos quedaron impune pues el presidente de la ANAP provincial y nacional y el jurídico de la ANAP provincial y nacional tienen estrecho  vínculo de sociedad con los jueces de la sala de lo laboral del Tribunal Supremo.

Yo pido que se le exija responsabilidad  a estos corruptos e inmorales. 

Por la Defensoría del Pueblo, Oscar Pupo Cruz y Sorania Crúz Rosales, activistas del CID, Cuba Independiente y Democrática. 

es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

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