Y sin “embargo”, ¿qué sería?
El caso del embargo del gobierno estadounidense contra el gobierno cubano es uno de los dilemas más importantes para la Isla ante un eventual proceso de transición. El Gobierno cubano ha tenido la habilidad de utilizar el embargo en su beneficio. Resulta casi imposible concebir la supervivencia del régimen sin la apoyatura que su ideología y política han encontrado en el embargo. Por esa causa, y teniendo en cuenta que las víctimas directas del conflicto siempre han sido los cubanos comunes y no el Gobierno, siempre me he manifestado contraria al embargo y he abogado por su derogación.
Luego de la toma del poder del General Raúl Castro es evidente la declarada falta de voluntad política del Gobierno para promover cambios democráticos. Hay una deliberada estrategia oficial dirigida a impedir el surgimiento de una clase media próspera capaz de ganar espacios de autonomía; un incremento en la represión y más recientemente una alianza entre el Gobierno y la alta jerarquía católica a espaldas de la población y desconociendo como interlocutores a los diversos componentes activos de la sociedad civil y la oposición.
Simultáneamente, un sector de empresarios cubano-americanos ronda la escena, animado ante la perspectiva de un mercado prometedor y casi virgen para adelantar su capital y tener asegurada la plaza cuando finalmente se precipiten los pedazos del fracturado modelo socialista. Equivale a una alianza entre aquellos que no más ayer eran enemigos acérrimos: el Gobierno totalitario, la Iglesia Católica y un sector de empresarios siquitrillados y despojados por este mismo Gobierno.
La debilidad de la sociedad civil emergente, unida a la total indefensión ciudadana, a la supervivencia impuesta por las precariedades cotidianas, a la desinformación crónica y a la escualidez de las estructuras cívicas, entre otros factores, constituyen el caldo de cultivo perfecto para que, efectivamente, se reproduzcan en la Isla los patrones de las transiciones de los países de Europa del Este. Los destinos políticos del país estarían en manos de los mismos tecnócratas del actual Gobierno, debidamente renovados y maquillados para el nuevo escenario.
La disyuntiva que ofrece el conflictivo embargo parece resultar contraproducente en cualquier caso: por una parte, la permanencia de la medida continuaría nutriendo los argumentos del Gobierno cubano y de quienes lo apoyan desde el exterior; por otra, su eliminación incondicional podría traer consecuencias nefastas para el futuro de los cubanos a mediano plazo, toda vez que la liberalización de las inversiones extranjeras, actualmente frenadas por la medida, producirían un efecto directo económicamente beneficioso para el régimen y sus sucesores de la nomenklatura.
Ante esa realidad, no parece probable que el levantamiento del embargo traiga beneficios reales a la población cubana. Más bien, favorecería el afianzamiento de las elites de la nomenklatura, ya apropiadas de las más importantes y promisorias plazas de la economía, y, en consecuencia, daría lugar a una seudo-transición preñada de deformaciones, a la vez que coadyuvaría a la legitimización de las exclusiones.
(Resumen del artículo de Miriam Celaya publicado por La Nueva República el 8 de mayo de 2012) El artículo completo en Diario de Cuba
Luego de la toma del poder del General Raúl Castro es evidente la declarada falta de voluntad política del Gobierno para promover cambios democráticos. Hay una deliberada estrategia oficial dirigida a impedir el surgimiento de una clase media próspera capaz de ganar espacios de autonomía; un incremento en la represión y más recientemente una alianza entre el Gobierno y la alta jerarquía católica a espaldas de la población y desconociendo como interlocutores a los diversos componentes activos de la sociedad civil y la oposición.
Simultáneamente, un sector de empresarios cubano-americanos ronda la escena, animado ante la perspectiva de un mercado prometedor y casi virgen para adelantar su capital y tener asegurada la plaza cuando finalmente se precipiten los pedazos del fracturado modelo socialista. Equivale a una alianza entre aquellos que no más ayer eran enemigos acérrimos: el Gobierno totalitario, la Iglesia Católica y un sector de empresarios siquitrillados y despojados por este mismo Gobierno.
La debilidad de la sociedad civil emergente, unida a la total indefensión ciudadana, a la supervivencia impuesta por las precariedades cotidianas, a la desinformación crónica y a la escualidez de las estructuras cívicas, entre otros factores, constituyen el caldo de cultivo perfecto para que, efectivamente, se reproduzcan en la Isla los patrones de las transiciones de los países de Europa del Este. Los destinos políticos del país estarían en manos de los mismos tecnócratas del actual Gobierno, debidamente renovados y maquillados para el nuevo escenario.
La disyuntiva que ofrece el conflictivo embargo parece resultar contraproducente en cualquier caso: por una parte, la permanencia de la medida continuaría nutriendo los argumentos del Gobierno cubano y de quienes lo apoyan desde el exterior; por otra, su eliminación incondicional podría traer consecuencias nefastas para el futuro de los cubanos a mediano plazo, toda vez que la liberalización de las inversiones extranjeras, actualmente frenadas por la medida, producirían un efecto directo económicamente beneficioso para el régimen y sus sucesores de la nomenklatura.
Ante esa realidad, no parece probable que el levantamiento del embargo traiga beneficios reales a la población cubana. Más bien, favorecería el afianzamiento de las elites de la nomenklatura, ya apropiadas de las más importantes y promisorias plazas de la economía, y, en consecuencia, daría lugar a una seudo-transición preñada de deformaciones, a la vez que coadyuvaría a la legitimización de las exclusiones.
(Resumen del artículo de Miriam Celaya publicado por La Nueva República el 8 de mayo de 2012) El artículo completo en Diario de Cuba
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