martes, 26 de abril de 2011

El referéndum que nunca ha sido

Por Mijail Bonito

Santiago de Chile 26-04-2011


En su afán por legitimar los resultados del VI Congreso del PCC, el castrismo se salta sus propias leyes.

Clausurado el VI Congreso del Partido Comunista con la coronación oficial de Raúl Castro al mando de “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, ha pasado casi lo mismo que cuando se anunció hace unos años que los cubanos tenían derecho a usar celulares. El mundo desea tanto que Cuba cambie, que cualquier matiz es considerado un avance descomunal. También puede suceder que un país estatua, incluso cuando pestañea, simule movimiento. Mucho se ha hablado de la gerontocracia, de la mediocridad de los cambios, del asilo en el poder por otros diez años, pero poco se ha señalado de la omisión de las vías legales realizada por el gobierno y el propio PCC en su toma de decisiones.

Este Congreso del PCC, efectuado con más de una década de tardanza, debatió los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Estos Lineamientos fueron “discutidos” por casi nueve millones de ciudadanos que según Raúl Castro emitieron más de tres millones de opiniones. Luego, el propio Castro señaló que: “…en el conjunto de participantes se incluyen, sin haberse definido con exactitud, decenas de miles de militantes…, que asistieron tanto a las reuniones de sus núcleos o comités de base como a las celebradas en los centros de trabajo o estudio y además en las comunidades donde residen. Es también el caso de quienes no militan y participaron en sus colectivos de trabajo y posteriormente en los respectivos barrios”. Los nueve millones se reducen, pues, a una cantidad desconocida, pero bastante menor a la cifra inicial.

En el afán de legitimar los Lineamientos, Castro afirma que los resultados del debate constituyen “…una suerte de referéndum popular respecto a la profundidad, alcance y ritmo de los cambios que debemos introducir…”.

Pero sucede que una suerte de referéndum no tiene significado, ni jurídica ni políticamente, por dos razones básicas. Para dar validez jurídica al documento en términos de ejercicio democrático, es indispensable someter el documento final, una vez concluido el Congreso del PCC, a un referéndum real, según la Ley electoral cubana, donde los ciudadanos en capacidad de votar decidan si aceptan o no los citados Lineamientos. Esto es indispensable porque los Lineamientos suponen cambios legislativos que abarcan desde la esfera impositiva hasta la previsión social, pasando por cambios de primera magnitud en el ámbito de las relaciones jurídicas laborales. Es la Asamblea Nacional del Poder Popular la llamada a convocar este proceso.

Desde el punto de vista político, suponer como “una suerte de referéndum” reuniones de opinión es solo una afirmación demagógica que invalida la legitimidad de los cambios. A muchos opositores y disidentes se les atacó verbalmente con frases como “esta discusión es para mejorar la revolución” y otras del mismo tenor cuando trataban de participar en las asambleas de sus barrios, y las opiniones que clamaron por cambios sistémicos como el acceso al poder, el respeto a los DD HH, la eliminación de las permisos de entrada y salida, la economía de libre mercado, las elecciones libres y el recambio en la dirección del país, fueron eliminadas de las actas de las reuniones donde ocurrieron. Discutir en centros de trabajo, donde se lleva a cabo un proceso de eliminación de cargos y despido masivo del personal, implica que muy pocas personas señalen puntos álgidos, so pena de engrosar el listado de cesantes.

El “centralismo democrático” es el principio de la estructura partidista que se ha traspolado a la sociedad como forma del ejercicio de la sui generis democracia cubana. Se traduce en discusiones de base social, que van informando a esferas superiores hasta que son validadas y se tornan vinculantes. Esto no es más que un ejercicio basado en la doble moral, el miedo social imperante y las restricciones propias de un debate dirigido por el PCC a todo nivel en la sociedad, pasando por alto los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes de la república.

Algo así ya se vio con anterioridad en la respuesta gubernamental al Proyecto Varela, cuando se declaró constitucionalmente el carácter irrevocable del socialismo, y se trató de legitimar dicho acto con una discusión popular similar, sin hacer uso del llamado a referéndum.

Cuando se debate en una “suerte de referéndum”, se vive en esa “suerte de democracia”.


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