Por Gonzalo Daniel Fernández Reyes
Abogado, ex Director Jurídico del Ministerio de la Agricultura
Las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado en cuanto a la organización estructural de la producción agropecuaria y azucarera están caracterizadas por la conformación de la mayor de las UTOPIAS de Fidel Castro al crear enormes planes de desarrollo integrales, todos con varios denominadores comunes: especialización, forma de propiedad estatal, mecanización, tecnificación, concentración de la población en comunidades con el pretexto de garantizar la fuerza de trabajo,…
Los frecuentes recorridos de Fidel Castro a su gran finca, la Isla de Cuba, y que eufemísticamente se le había nombrado “propiedad estatal de todo el pueblo trabajador” fueron creando el nuevo esquema o mapa organizacional de la agricultura cubana, tras la caravana de los famosos jeeps cuatro puertas soviéticos, símbolos del poder, temidos por los agricultores pequeños, se desplazaban un ejército de arquitectos pertenecientes al recién creado Instituto de Planificación Física, en la realidad su función única siempre fue la de señalizar en los mapas de cada provincia las decisiones del Comandante en Jefe que era en definitiva el planificador territorial dada su alta capacidad en todas las esferas de la vida humana y sobre todo porque era el dueño absoluto de vidas y haciendas adquiridas por la revolución triunfante.
En esos años residía en la provincia de Camagüey, hoy compartida con Ciego de Ávila, era la segunda del país en extensión y la menos poblada, siempre sus renglones fundamentales en la agricultura lo fueron la caña de azúcar y la ganadería vacuna, su otra característica era que la propiedad de la tierra se concentraba en pocas personas naturales y jurídicas que a su vez poseían grandes extensiones.
En poco tiempo se delinearon y crearon los gigantescos planes de desarrollo: Triangulo Lechero ganadería línea de leche, Rectángulo de Ceba para la ceba de toros, arroz, forestal, viandas y hortalizas, cítricos, frutales, más los centrales azucareros existentes que sobrepasaban la cifra de 20 y eran de los de mayor capacidad en producción de azúcar en el país, también se definieron y se comenzó en el proyecto y construcción de grandes embalses que garantizara el agua para el regadío de las plantaciones y los sistemas de riego que implicaban la construcción de canales, así como la infraestructura vial.
Los gigantescos planes de desarrollo integral florecieron hasta el derrumbe del socialismo en la URSS y Europa del Este, era la época en que el costo no se media para nada, Cuba tenía muy claras sus misiones en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME: debía de enviar azúcar para esos países; entrenar, armar y dirigir a miles de combatientes de izquierda de todos los confines del planeta así como enviar a decenas de miles de soldados a combatir al odiado y en “vías de destrucción imperialismo yanqui”, por tanto, ningún líder histórico se tomó en serio evaluar cuál era el costo real de aquella inigualable locura, recuerdo la gran publicidad cuando se logró producir un millón de litros de leche diarios en una sola provincia, sin tomar en consideración que ese resultado era a partir de abastecer a la ganadería con materias primas importadas, y que el resto de sus indicadores también eran deficientes.
Para culminar la compactación de esas tierras se presentaba un singular obstáculo: la existencia de varios miles de propietarios de pequeñas fincas que era imprescindible adquirirlas para lograr materializar tan vasto y futurista proyecto agropecuario, es obvio, que similar situación se presentaba en todas las provincias del país pero con mayor intensidad en el resto donde la estructura de la tenencia de la tierra se concentraba en manos de agricultores pequeños.
Compras de Fincas
Ante esa situación Fidel Castro decide dar un paso más en la eliminación de los propietarios privados y dicta en 1966 la Resolución No. 120 del Presidente del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, mediante la cual ese organismo quedo convertido en el único comprador de tierras agropecuarias en el país, con dos formas de pago: al contado y por pensión vitalicia.
Los precios para efectuar las tasaciones también fueron aprobados y puestos en vigor por una Resolución, siendo los mismos desde aquella época y hasta el presente irrisorios y en no correspondencia con los valores nacionales y mucho menos los de otros países, por citar un solo ejemplo el valor de un metro cuadrado de tierra agropecuaria en cualquier lugar del país es de 0,0010 centavos en moneda nacional para los suelos de primera categoría, precio actualmente vigente.
Las pensiones vitalicias a otorgar eran únicas para cada finca, es decir, si en una finca existían 3 copropietarios solo podía concederse una pensión y su importe era desde un mínimo de 40,00 a 120,00 pesos mensuales.
Desde aquella fecha se inicia en todo el país un permanente acoso a los propietarios afectados por los planes de desarrollo agropecuario y cañeros, la oferta recurrente y atractiva para un % de propietarios no era el importe que recibiría sino la promesa de que se le entregaría un apartamento amueblado en la nueva comunidad que se construiría, otros, la mayoría se opusieron tenazmente a vender sus tierras y planteaban insistentemente que si sus tierras eran necesarias para un plan de desarrollo por que no se las permutaban hacia otras zonas afectadas. Esta propuesta nunca fue aceptada ya que en primer término incidía sobre el objetivo de exterminar a todos los agricultores y además ya en Cuba toda la tierra se encontraba en el status de afectada.
Por otra parte, la Resolución 120/1966 constituyo una importante vía de escape para miles de agricultores que tenían sus fincas improductivas debido a que sus suelos no eran buenos y también producto al éxodo masivo de sus hijos hacia una vida mejor en los poblados y ciudades.
A la dirección de la Revolucion no le intereso nunca el destino ulterior que se le darían a esas fincas adquiridas fuera de los planes de desarrollo integrales ya que en definitiva no constituían para ellos una necesidad y al mismo tiempo posibilitaba el incremento de la propiedad estatal sobre la tierra.
Arrendamientos
La locura gobernando un país llevo a nuestro mesías a adoptar una de sus más “preclaras” decisiones: instaurar una nueva forma de acrecentar las tierras en poder del Estado ya que se requerían fórmulas más dinámicas para los programas de desarrollo integrales y varios miles de agricultores se negaban a vender voluntariamente sus propiedades y es entonces que surge la pérfida propuesta de arrendarles las tierras a aquellos propietarios que se aferraban a no vender sus tierras, obviamente pensando que debía de producirse un cambio en la política del país.
El arrendamiento se desarrolló en los más importantes planes de desarrollo integrales y como consecuencia de los mismos el Estado arrendo un aproximado de 25 000 fincas con rentas que iban desde 40 a 150 pesos mensuales aunque en lugares de mucho interés las rentas fueron más altas, para la ejecución de tan garrafal política no se dictó normativa legal alguna y tampoco se suscribió ningún tipo de contrato que fijara las obligaciones a de las partes, eso sí, proliferaron las promesas por parte del Estado: viviendas en las comunidades, leche garantizada, café en las zonas productoras, derecho al palmiche y las frutas existentes, mantener una pequeña extensión de tierras para su autoconsumo e incluso se les ofreció en determinadas regiones que el arrendamiento era por 5 años.
El costo económico de aquella medida no fue por supuesto evaluada por el Comandante en Jefe y comenzaron a decursar los años, los torrentes de productos de los planes de desarrollo no aparecían y comenzaron a tenerse en cuenta los principales indicadores económicos por lo que en 1972 se decide iniciar una amplia campaña para desarrendar voluntariamente las tierras, por supuesto, el desarrendamiento no era en el sentido de devolverlas sino de que el propietario se las vendiera de forma definitiva al Estado acogiéndose a una pensión vitalicia o cobrar su importe al contado. Un ejército de cuadros políticos de la ANAP y funcionarios del Ministerio de la Agricultura se lanzaron sobre los propietarios-arrendadores para que “voluntariamente y respetando su voluntad dieran el paso hacia la socialización de la tierra”.
Resultante de ese proceso fueron adquiridas miles de fincas, pero unos 8 mil se negaron rotundamente a vender sus propiedades, hasta el momento actual aún sobreviven unos 3000 casos, el resto ha fallecido. Los sobrevivientes y sus familiares han venido durante años reclamando y proponiendo que se les devuelvan sus propiedades para ponerlas en explotación y aun después de la desaparición de los planes de desarrollo integrales, el absoluto estado de improductividad de esas tierras y lo exiguo de la cifra con posibilidades la medida de no devolución se mantiene inflexible.
Para garantizar que al fallecimiento del propietario las tierras no fueran heredables se incluyó en el Decreto-Ley 125/1991 dos disposiciones que de forma arbitraria, aun vigentes, y que en su esencia son privativas de derechos, disponen que al fallecimiento del propietario, aun sobreviviendo su cónyuge copropietario, las tierras y bienes agropecuarios pasan a propiedad estatal y solo se le pagara a aquellos herederos que resulten con derecho el precio, que puede ser por pensión o al contado.
En consecuencia el diseño de exterminio de la propiedad de la tierra se mantuvo firmemente en todos esos años, aún se mantiene, es sin lugar a dudas el sueño permanente de Fidel y Raúl Castro de convertirse en el primer país de socialismo real que erradico totalmente la propiedad privada sobre la tierra.
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