El miércoles 25 de octubre de 2017, en horas de la mañana fue detenido arbitrariamente Lázaro Luis Ruiz Echevarría, delegado municipal de Pinar del Río del Partido Cuba Independiente y democrática (CID). Lázaro fue capturado cerca del Hospital Pediátrico por los oficiales de la Inseguridad del Estado teniente coronel Beune y capitán Juan Pérez, lo montaron en un auto y lo trasladaron a las afuera de la ciudad, donde lo desnudaron y le ocuparon 25 CUC ($25 dolares). Además de la injusticia cometida fue amenazado y advertido que él estaba sancionado que le podían cambiar la medida y enviarlo a prisión.
Después los mismos oficiales se dirigieron a donde estaba la defensora del pueblo Sandra Arce, la que fue amenazada y reprimida, siendo la misma advertida que si continuaba su activismo en el CID le costaría muy caro, ya que la dirección del país ordenó, que se tomaran medidas drásticos para evitar que esta organización siga publicando y denunciando los problemas de los cubanos.
Pinar del Río, Cuba, 11 de Julio del 2017. La salud pública es un derecho de todo ser humano, y en Cuba fue un logro de la revolución hasta que el deterioro lo ha llevado a un nivel desastroso. Las causas de este logro perdido han sido la mala administración, la corrupción y el uso de recursos para la propaganda, entre éstos el envío de personal médico al exterior, que es también una de las fuentes de ingresos principales del régimen. Hoy, las condiciones solo están creadas para el servicio de salud para los turistas que llegan a Cuba y pagan con moneda fuerte.
Desde el año 1959, la salud se convirtió en un bien de todos, uno de los pocos derechos inviolables por el gobierno. Desde entonces comenzó un desarrollo progresivo y significativo en las investigaciones, preparación, profesionalidad y crecimiento de las instalaciones de salud.
Inodoro del Hospital
Abel Santamaría Cuadrado.
Por el 1985, en la provincia de Pinar del Río, existía un solo hospital provincial, el León Cuervo Rubio, que no era suficiente para la atención y el tratamiento de la población de la provincia. Además, el desarrollo científico técnico exigía la apertura de áreas o salas especializadas razón por la que se inauguró el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Abel Santamaría Cuadrado, cumpliendo todas las exigencias requeridas por el Ministerios de Salud Pública.
Pasado el Período Especial, comenzó el envío de personal médico profesional a países como Venezuela, Angola, Haití y otros que representaban un ingreso sustancial al gobierno castrista. Estos recursos debían ser utilizados en el propio servicio para beneficio del pueblo, supuestamente mejorarían nuestros centros de salud, existencia de medicamentos, equipos y suministros para los servicios, algo que no ha sido así, ya que, cada año, este sector y sus servicios van en decadencia, debido a la no implementación y uso de presupuestos para la renovación de sus equipos con fines a la salud, el no presupuesto para la compra de insumos, medios y recursos para la atención a pacientes, no existencia de presupuesto para compra de medios y recursos para el mejor desarrollo del trabajo y condiciones laborales de este capital humano, sacrificado por la salud de sus hermanos (pueblo).
Tuberias sanitarias con filtraciones de los baños en el Hospital Abel Santamaría Cuadrado
En la actualidad, las farmacias cada día tienen menos existencia de medicamentos. Nuestros centros de asistencia de salud, como el mencionado Hospital Abel Santamaría, presenta las más precarias condiciones constructivas, debido a la no designación o implementación del presupuesto para el mantenimiento periódico, generando pésimas condiciones de higiene y alojamiento, encontrándose en la actualidad como ruina en el desierto.
Cada día son menos los especialistas disponibles lo que arroja desatención y prolongados chequeos y resultados de salud a pacientes con enfermedades.
Sus equipos técnicos y profesionales para los servicios, son cada año más atrasados y obsoletos, la pésima climatización en los salones quirúrgicos y áreas de atención médica que por obligación exigen de las condiciones del clima e higiene no son los favorables para la recuperación y estancia de los pacientes.
Hay escasez permanente de insumos y recursos para el servicio de salud a los pacientes, (jeringas, guantes desechables, branulas, reactivos, químicos y láminas para las radiografías, sillones de ruedas, camas, avituallamientos, medicamentos entre otros y los desaparecidos insumos y medios para mejorar las condiciones de sus trabajadores de servicio, técnico y profesional, lo que comienza por sus uniformes o ropa de trabajo, aseo, medios para la limpieza y otros.
Baños de la sala E de cirugía del Hospital
Abel Santamaría Cuadrado.
Todo esto, y la falta de atención personal a los trabajadores, sus salarios que no satisfacen sus mínimas necesidades, ha generado un deterioro en los servicios que se encuentran en críticas condiciones. Existe un gran descontento, desconfianza y falta de credibilidad en los diagnósticos y resultados, hay miedo a asistir y permanecer en los centros hospitalarios por temor de agravar su salud. Esto se vive a diario en los centros de asistencia de salud y hospitalarios en Pinar del Río, Cuba.
Por los Defensores del Pueblo Rigoberto González Vigoa, Lázaro Luis Ruiz Echevarría, José Ernesto Morales Estrada y Daudy Hermelo Lago.
Junio 20. Yasmary Pérez Pérez de 19 años y su hijo Yankiel Calzada Pérez, de ocho meses de edad, fueron desalojados bajo intensa lluvia de temporal de un pequeño local desocupado de la antigua escuela primaria Salvador González, ubicada en la avenida Borrego, municipio y provincia Pinar del Río. La joven madre había acudido a este lugar en la madrugada con algunas de sus pertenencias porque donde estaban viviendo se mojaban por las filtraciones del techo. Al ver su situación el custodio de la antigua escuela le permitió entrar y protegerse de la lluvia en el local.
Momentos antes del desalojo, vease el colchón
que se mojó en el camión y se hecho a perder.
Al otro día en la mañana al apersonarse el administrador de la escuela éste decidió sacarla del lugar aunque todavía estaba lloviendo, el niño estaba con fiebre y la joven no tenía a dónde refugiarse. Aproximadamente a las 10 am llegaron la directora municipal de Educación y el jefe de sector de la policía. La directora alegó que ese local era de su propiedad porque el gobierno se lo había dado para vivienda. A Yasmary y a su hijo los sacaron en un camión bajo la lluvia y los dejaron en el lugar inhabitable de donde habían salido la noche antes. Durante el desalojo forzado se le mojaron las pocas pertenecías que tenían.
Yasmary Pérez Pérez
Desde el 23 de octubre del 2016, asesorada y apoyada por abogados independientes y defensores del pueblo, Yasmary presentó una carta ante el gobierno municipal informando su crítica situación socio económica. No tenían una casa habitable, ni ingresos, ni un refrigerador para mantener los alimentos y medicamentos para su hijo que, desde su nacimiento padece de atresia esofágica y un soplo en el corazón. Desde entonces han ignorado esta situación que es un caso crítico en la provincia, según la opinión del Robertico, presidente municipal del gobierno y de Ritica, la encargada de atención a la población y de otros funcionarios de Salud Pública.
Horas más tarde del desalojo la joven acudió a los abogados independientes y defensores del Ppueblo, Rigoberto González Vigoa, Lázaro Luis Ruiz Echevarría, José Ernesto Mórales Estrada y Raúl Luis Risco Pérez, quienes la acompañaron al Gobierno Municipal. Allí plantearon que se respetaran los derechos fundamentales de esta familia y se les diera amparo, teniendo en cuenta en particular la situación del niño. Se encontraban Ritica y Barbarita, funcionarias de atención a la población, Raiden, asesor del presidente del gobierno y el vice presidente para la defensa. Los defensores del pueblo fueron expulsados del lugar pero esperaron en los alrededores hasta que la joven salió y les dijo que los funcionarios la llevarían a una casa donde estará provisional con su hijo, hasta que le terminen un apartamento que le será otorgado, además de darle en el instante un colchón y una cuna para el niño ya que se había mojado todo esto. La joven madre muy conmovida expresó su agradecimiento a los defensores de los derechos humanos.
Por la Defensoría del Pueblo: Rigoberto González Vigoa, Lázaro Luis Ruiz Echevarría, José Ernesto Mórales Estrada y Daudy Hermelo Lago.
De Lázaro Luis Ruiz Echevarría con carné de identidad: 81112600967 y residente en Pasaje 56 número 82, reparto Hermanos Barcón, ciudad de Pinar del Río.
Para la Fiscalía Militar en Pinar del Río
En la madrugada del pasado lunes 20 de marzo fui sometido, junto a mi familia a un secuestro, efectuado por fuerzas de la Seguridad del Estado en conjunto con varios oficiales de la policía, donde se me despojó de las pertenencias que legalmente entré al país.
Después de llegar al aeropuerto internacional José Martí, de la Habana en la noche del 19, procedente de Madrid, en mi paso por la aduana el teniente coronel de apellido Veunes y el capitán Juan Pérez Puentes de la Seguridad del Estado en Pinar del Río se encontraban en el lugar para exigirle a las autoridades de la aduana que me hicieran un registro exhaustivo.
El proceso duró desde las 9: 50 pm hasta las 2 de la madrugada. Me hicieron desarmar, pieza por pieza mi equipaje sin encontrar nada fuera de orden. Solamente detectaron unos pulóveres que traía como donación para mis amistades, que me fueron decomisados. Todo lo demás estaba en orden.
Al salir en compañía de mi anciana madre, mi esposa y mi hermana en un taxi particular, nos esperaba un operativo en el Kilómetro 96 de la autopista a Pinar del Río. Un auto de la policía con número 116 con cuatro efectivos uniformados, tres hombres y una mujer pararon el taxi y nos hicieron bajar del carro y me condujeron en el carro de policía mientras mi familia nos seguía en el taxi.
En vez de llevarnos a la cercana estación de policía del municipio de Los Palacios fuimos conducidos a una base de aseguramiento de la agricultura donde me hicieron sacar, en penumbras y sobre la tierra del estacionamiento, todos mis equipajes y me volvieron a pesquisar.
Allí me ocuparon el ordenador personal, un teléfono celular en su estuche que traía para obsequiarle a mi hijo por su cumpleaños, una mini-tablet en su estuche, tres memorias flash en su estuche y un total de 315 euros, 300 de ellos que lo mandaba mi prima para entregárselo a su mamá.
La ocupación la realizó un oficial que dijo ser instructor, bajo las órdenes del oficial de la seguridad conocido como Jorgito y otros desconocidos que lo acompañaban. No me permitieron mostrarles las facturas de compra y los documentos que legalizaban esos artículos de mi propiedad.
Esta ocupación se practicó en una oficina que parecía la del director de la entidad y allí los agentes de la seguridad me amenazaron en franco acoso a mi persona. Me especificaron que lo que estaba sucediendo no era una detención, pero estuve retenido casi dos horas en las que se violó la dignidad de mi familia sometiéndolas a cacheos y vituperios.
Finalmente, los oficiales se negaron a entregarme constancia legal de las ocupaciones y nos soltaron cerca de las 6 de la mañana para que siguiéramos camino a la ciudad de Pinar del Río.
El código penal cubano en su Título XII, capítulo VIII, artículo 333, dice: El que ocupe o se apodere ilegítimamente de un bien inmueble de ajena pertenencia, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.
Además la Sección II, Título IX Capítulo I artículo 279 dice:
"El que sin tener facultades para ello y fuera de los casos y de las condiciones previstas en la ley priva a otro de su libertad personal incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años.
2. La sanción es de privación de libertad de cuatro a diez años:
a) si el hecho se realiza con propósito de lucro o de venganza.
b) si del hecho resulta grave daño para la salud la dignidad o el patrimonio de la víctima.
Además la Constitución de la República asegura en el Capítulo VI que:
Artículo 41.- Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes.
Artículo 42.- La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquiera otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley.
Exijo por tanto que se me devuelvan todos mis bienes y cese inmediatamente el acoso contra mi persona y mi familia.
Sin más asunto: Lázaro Luis Ruiz Echevarría.
Por los Defensores del Pueblo Daudy Hermelo Lago, José Ernesto Morales Estrada, Rigoberto Gonzalez Vigoa y Ricardo Fernández Izaguirre.
De izquierda a derecha los defensores del pueblo Rigoberto González Vigoa, Daudy Hermelo Lago y la acusada Lazara Yairis García Cruz con sus dos hijos
El guardabosque Alfonso Rodríguez Pérez trató de violar a la joven de 28 años de edad Lazara Yairis García Cruz. El ataque se hizo delante de los hijos de la muchacha, quien a pesar de ser la víctima, terminó siendo acusada por atentado y sometida a juicio el día 2 de marzo del 2017 a la 1:00 p. m. en elTribunal Municipal de Pinar del Río.
Cuenta Yairis que el día 17 de septiembre del 2016 a las 6 p.m. ella iba para la casa de su suegra con sus dos niños pequeños y en medio del camino se encontró con el guardabosque, quien a pesar de ella estar con sus hijos, trató de violarla. En el forcejeo el hombre la golpeó con un cinto mientras le preguntaba el paradero de su esposo, que se encuentra sancionado. El guardabosque le puso una pistola en la cabeza y le dijo que si los niños no se callaban, la iba a matar. Fue tanta la resistencia de la muchacha que al no lograr el objetivo el guardabosque salió corriendo.
Cuando la víctima fue a la policía a realizar la denuncia, ya había una denuncia contra ella por atentado, puesta por el guardabosque. Yairis fue encarcelada por seis días en el Departamento Técnico de Instrucción, con el expediente de face preparatoria 118/2016, por el delito de atentado. A la policía no le importóque los niños fueran menores de edad porque en realidad lo que se trataba era de detenerla para ocultar las lesiones que en el cuerpo que le había causado el guardabosque. Sus dos hijos menores no supieron de su madre mientras estuvo incomunicada.
A petición de muchos vecinos, el día 26 de febrero del 2017 se presentaron miembros de la Defensoría del Pueblo en su vivienda, quienes tomaron declaraciones y vídeos de la víctima y de vecinos del lugar y de pronto, a los pocos días, Yairis fue citada para celebrarle el juicio.
Fue acompañada al juicio por el activista de Derechos Humanos y abogado José Ernesto Morales, quien forma parte de la Defensoría del Pueblo. El abogado Morales fue sacado del Tribunal Municipal de Pinar del Río por cinco oficiales de la Inseguridad del Estado. Le dijeron que no le permitirían su presencia en el lugar.
Cuenta Yairis que tuvo mucho miedo en el juicio por estar acusada por el delito de atentado y que ella nunca se imaginó que defenderse de la violencia de un hombre era un delito. Además en el juicio se encontraba a la supuesta víctima (el guardabosque) acompañado de varios oficiales, todos vestidos de verde, y que a ella solo la acompañaba su hija de 6 años y otra señora.
El juicio se realizó y ahora hay que esperar hasta el día 16 de marzo 2017 que den el resultado.
Por la Defensoría del Pueblo de Pinar del Río: Rigoberto González Vigoa, José Ernesto Morales, Daudy Hermelo Lago, Ricardo Fernández Izaguirre y Lázaro Luis Ruiz Echevarría.
El jueves 16 de febrero 2017 a las 5:10 pm, cuando regresaban en autobús desde la Habana hacia la provincia de Pinar del Río, fueron detenidos por un operativo de la seguridad del Estado, los abogados y miembro de la Defensoría del Pueblo José Ernesto Morales y Rigoberto González Vigoa.
Cuando faltaban pocos kilómetros para llegar el autobús varios policías y cuatro oficiales de la Seguridad del Estado, lo pararon y exigieron que los Defensores bajaran del autobús. Ambos fueron despojado de sus pertenencias y trasladados en un auto del órgano represivo al Departamento Técnico de Instrucción contra delitos de la seguridad del Estado de la Provincia de Pinar del Río, ubicado en el kilómetro 4 carretera a San Juan y Martínez.
En ese lugar los amenazaron y al abogado Rigoberto le ocuparon tarjetas de presentación entre otros artículos. Al abogado José Ernesto le ocuparon un lapicero, una memoria de datos donde tenía trabajos realizados de la Defensoría del Pueblo y dinero equivalente a 18 CUC entre otras cosas.
Estuvo presente todo el tiempo dirigiendo el operativo el Capitán Juan Pérez, Jefe de la Unidad especializada dirigida al hostigamiento y la persecución de activista de derechos humanos quien les dijo que ya no iba a tener más compasión, que cada día la represión iba hacer mayor, que ha ellos no les importa que organizaciones de derechos humanos conozcieran la situación porque ellos tienen las vías y los métodos para darle a entender al mundo otra versión.
Fueron puesto en libertad después de ser amenazados que podían ser condenados por el delitos de desacato y desobediencia. Los Defensores del Pueblo no se intimidaron y respondieron a los oficiales que el hecho cometido era una violación a los derechos humanos y un robo autorizado por la jefatura de la seguridad del Estado en Cuba.
Vencer los miedos y no temer a los obstáculos que surgen cuando se actúa con dignidad, defendiendo los derechos de cada ciudadano de este país, son actitudes que nos han permitido crecer como personas democráticas en cada proyecto que nos proponemos. Estas actitudes son necesarias para fortalecer el creciente entramado de la sociedad civil cubana y también para las iniciativas en buscar cambios favorables hacia la prosperidad y la justicia.
Hoy goza Luis Fernández López de electricidad y de un hogar confortable del cual nunca hubiese tenido de no ser por un grupo de personas defensores de los derechos humanos.
Gracias a las quejas y denuncias realizadas a distintos organismos, tanto a nivel municipal, nacional, internacional y al Observatorio de los Derechos Humanos en España es que el gobierno cubano actuó ante el desamparado en el que se encontraban estas personas (Luis y Rodolfo). Desafortunadamente Rodolfo no pudo disfrutar de el sueño que tenía de tener un hogar y luz eléctrica, hoy su hermano Luis está muy contento porque fue un sueño hecho realidad del cual nunca pensó tener porque nadie se preocupaba por ellos.
Luis goza de un panel solar que le facilita la iluminación, un radio y otros equipos y agradece al grupo de la Defensoría del Pueblo por el esfuerzo que hemos realizado para que pueda tener una vejes más cómoda, como la debe tener todo ser humano.
Por: Daudy Hermelo Lago, Rigoberto Gonzales Vigoa, Lázaro Luis Ruiz Echevarría y Ernesto Morales Defensores de los Derechos Humanos en Pinar del Río.
A: Consejo de la Administración del Poder Popular en el Municipio, Pinar del Río.
CC.: Dirección de Trabajo y Seguridad Social en Pinar del Río.
De: Giselle Jiménez Romero, vecina de Dirección: Kilómetro 21. Carretera a La Coloma. C.I: 80122205215
Por este medio me dirijo a usted como órgano político de poder y gobierno en este municipio para darle a conocer mi crítica situación de vivienda y socio económica que cada día es más precaria.
Vivo en la dirección mencionada con mis cuatro niños menores de edad, mi vivienda es de madera y posee peligro de derrumbe lo que pone a su vez en peligro la vida de mis hijos y la mía, no tiene servicios sanitarios (baño) cuando llueve se moja por las paredes y el techo, no tengo equipos electrodomésticos, el piso está en mal estado, las camas y colchones están en total deterioro, no tengo empleo ni puedo trabajar debido a no tener quien me cuide mis hijos, además se enferman de forma frecuente ya que padecen de asma bronquial, no tengo entrada económica y la chequera o ayuda social que tenia de 175.00 pesos (equivalente a $7US dólares) la retiraron alegándome que mi padre podía mantenerme con su jubilación de $200.00 M/N, el cual no vive conmigo.
Esta situación es de conocimiento de los factores políticos y de masa de la comunidad y ninguno ha dado solución, refieren haberlo tramitado y que no hay recurso ni presupuestos para mí, que existen casos más críticos en el municipio, algo que no mis hijos y yo hemos tenido que sufrir por más de tres años y sin esperanzas de un amparo gubernamental que por derecho tenemos como ciudadanos cubanos con necesidades económicas, nos alimentamos de las ayudas de vecinos y amistades.
Los funcionarios de seguridad social, la dirección de la Vivienda y el Gobierno han ignorado las infrahumanas condiciones de vida y necesidades que sufrimos a diario.
Por todo lo antes expuesto y exigiendo nuestros derechos universales y constitucionales como ciudadanos cubanos pido se nos de amparo Gubernamental de un subsidio y una asistencia social económica para la manutención de mi familia.
Por el derecho que me concierne la Constitución de la República, me dirijo a usted con el fin de poner en su conocimiento una vez más las infrahumanas condiciones de vida que por obligación tenemos que vivir. Nosotros y nuestros hijos presentamos síntomas de retraso mental. Por más de cuatro años sobrevivimos desamparados e ignorados por funcionarios del Gobierno, la dirección de la Vivienda y Seguridad Social.
Mi esposo y yo vivimos con precarias condiciones en la vivienda, tenemos dos niños menores de edad que junto a nosotros sufren las críticas condiciones. Esta es de 3 metros por 5 metros, sin baño ni cocina, no tiene divisiones.
El techo está en muy mal estado y nos mojamos cuando llueve, cocino con leña, no tenemos equipos electrodomésticos por consiguiente no tenemos donde guardar los alimentos y la leche de los niños se nos echa a perder por falta de frio.
El local se encuentra a tres metros de un pequeño rio de aguas albañales, cuando llueve la casa se inunda y se nos moja lo poco que tenemos con aguas contaminadas. No tenemos para la compra de alimentos, vivimos gracias a la ayuda de los vecinos y familiares, por todo esto hemos pedido nos den amparo con una asistencia social y nos mejoren la condiciones de la vivienda y hasta el momento han hecho caso omiso a nuestras solicitudes. Como seres humanos y ciudadanos cubanos tenemos el derecho de un hogar digno.
Después los mismos oficiales se dirigieron a donde estaba la defensora del pueblo Sandra Arce, la que fue amenazada y reprimida, siendo la misma advertida que si continuaba su activismo en el CID le costaría muy caro, ya que la dirección del país ordenó, que se tomaran medidas drásticos para evitar que esta organización siga publicando y denunciando los problemas de los cubanos.
