El latifundio estatal cubano a 58 años de la primera Ley de Reforma Agraria
Durante años el régimen cubano ha utilizado la Ley de Reforma Agraria como un instrumento político con una gran carga de demagogia con el objetivo de quedar ante el pueblo como el único salvador y protector de sus derechos.
Con el triunfo de la Revolución Fidel Castro procedió de inmediato a desmontar la infraestructura política, económica y social para facilitar la supuesta construcción de un régimen socialista. Su verdadero plan era centralizar estructuras verticales que respondieran a los intereses de su dictadura personal. Así nació el 17 de mayo de 1959 la primera Ley de Reforma Agraria y más tarde, el 21 de enero de 1961, la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños), que se convirtió en una eficiente herramienta de control del campesinado y correa de transmisión del trabajo político e ideológico del Partido Comunista.
A pesar que en sus inicios muchos se opusieron, estas críticas fueron sorteadas fácilmente por la gran perspectiva que creó el dictador respecto a los resultados económicos y el desarrollo que alcanzaría el país con la implementación de la nueva política agraria. Por ejemplo, para la ganadería creó expectativas muy altas, como fue alcanzar para el año 1970 los 10 millones de cabezas de ganado, alcanzar 15 millones de litros de leche diarios, satisfacer la demanda de carne de res para el consumo interno, y alcanzar para 1970 niveles de exportación de carne refrigerada de 50 mil toneladas, y para el posterior quinquenio alcanzar entre 200 y 300 mil toneladas, o sea alcanzar niveles de producción en leche, carne y sus derivados igual o superiores a los mayores productores del mundo.
Después de 58 años vemos los resultados del desenvolvimiento de la agricultura desde el año 1959 hasta la fecha y nos damos cuenta que todo fue una gran mentira orquestada por el dictador con el único objetivo de mantener el apoyo y control del campesinado cubano. A partir de ese momento los niveles de producción no han dejado de bajar, en primer lugar por la falta de sentido de pertenencia, ya que las familias campesinas perdieron todo control sobre sus bienes y el resultado de su trabajo. Se les prohibió la contratación de fuerza de trabajo, el acceso libre a créditos, insumos y mercados, se le prohibió el derecho a la libertad de asociación, la compra de maquinaria agrícola de forma individual y no se les permitió adquirir nuevas parcelas. De hecho, se le condenó a vivir en el minifundio estatal que solo ha generado miseria y subdesarrollo, matando toda iniciativa, toda motivación y esperanza en los productores cubanos. Lo que ha profundizado una gran crisis de dependencia alimentaria y credibilidad de las instituciones oficialistas del gobierno y el Partido Comunista.
La Ley de Reforma Agraria tuvo como único fin la transferencia de fincas privadas y de tierras nacionales al dictador, el único latifundista del país con un poder absoluto sobre ellas y los hombres y mujeres del campo. En las tierras de Cuba Fidel Castro practicó todos sus caprichos, pequeños y grandes, sin tener ni los conocimientos ni la capacidad para iniciar y dirigir proyectos. En ese proceso derrochó, durante 30 años, una buena parte de la inmensa subvención de la URSS a Cuba y llevó al país a la ruina.
Con el control total de la agricultura Castro dejo al pequeño sector privado en condiciones muy críticas, dividido y con un régimen de propiedad precario, con poca o nula soberanía y autoridad sobre sus bienes. Con una visión de futuro tan incierta que no les permitió ni siquiera concebir un proyecto de vida. En conclusión la Ley Agraria para nada tuvo que ver con una justa distribución de la tierra, por el contrario violó todos los derechos a la propiedad, con el único objetivo de implantar en Cuba una dictadura dinástica que quieren heredar a sus hijos y un sistema social que ha demostrado que no funciona en ninguna parte, incluyendo en Cuba, como reconoció el propio dictador.
Por Rolando Pupo Carralero, Coordinador de Occidente, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Defensor del Pueblo.
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