jueves, 5 de enero de 2017

Cayó de 27 metros de altura y le desconocieron sus derechos laborales



Pinar del Río, 29 de diciembre de 2016, Si de algo se vanagloria el régimen es de su bondad con los trabajadores. Pero la realidad es que tanto la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) como sus sindicatos, son organizaciones de apoyo a la dictadura y utilizan a sus afiliados para acudir a mítines, desfiles y también para cobrarles la cuota mensual y recaudar dinero de apoyo al sistema, lo que sí no se ve es la preocupación y ocupación que deben tener por cada uno de los que labora para el Estado en el país.

Ejemplos se sobran, pero he querido traer a colación el caso de Eduardo Blanco Morejón, un hombre discapacitado que vive en Río Seco, El Batey, municipio de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río. Él trabajaba en la Empresa Jesús Suárez Gayol y el 14 de febrero de 1987 en horas de la tarde se encontraba en la torre de perforación de petróleo en Puerto Escondido, Matanzas; terminaba ya su turno de trabajo, cuando por desperfectos técnicos y electrónicos del equipo sufrió una caída desde los 27 metros de alto que le afectó la columna vertebral y tuvo que ser intervenido de forma quirúrgica de inmediato. 

Eduardo explicó que desconocía los problemas que presentaba el equipo, aunque su compañero Eddy –un torrero de experiencia-  había bajado y le hizo la sugerencia al jefe inmediato superior, de parar el trabajo hasta que fuese arreglado el carro, ya que conocía de la dificultad técnica que presentaba y era un riesgo continuar trabajando. No obstante, el jefe planteó que no se podía parar el proyecto ya que tenía atraso y el plan del mes había que cumplirlo. El accidente de trabajo no se hizo esperar, y le dejó secuelas para toda la vida, aunque caminó después de ser operado e incluso volvió a trabajar hasta 1993. 

En aquel entonces Eduardo ya era padre de un bebé, pero el subsidio que le tramitaron fue solo de 71 pesos y por enfermedad común y no por accidente de trabajo. 

Hasta la actualidad, la Empresa nunca ha querido reconocer este accidente -según plantea Eduardo- porque tiene la condición de “Vanguardia Nacional”; por su parte el que era su jefe -nombrado Erisbel- responsable directo del accidente por la decisión que tomó, ha sido respaldado y encubierto por la Empresa, al parecer tomando en consideración su condición de militante del Partido Comunista de Cuba y además compañero de lucha de “El Che” en la guerra.

Eduardo muestra una cantidad de cartas que ha hecho al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en varias ocasiones inclusos cuando su ministro era Salvador Valdés Mesa, pero nunca ha recibido respuesta; a pesar que la Ley de la Administración del Estado estipula que deben contestar en un plazo de 60 días. De igual forma ha realizado varias reclamaciones ante el Consejo de Estado y el de Ministros y se queja de no haber recibido la atención adecuada que deben dar a un ciudadano, incluso ni siquiera le responden.

En el año 2000, decidió escribirle de nuevo al Consejo de Estado y recibió una respuesta firmada por Marlín Triana, en la que le refuta que habían revisado los documentos y se pudo comprobar que él no había quedado invalido al instante del accidente, ya que sus problemas de salud comenzaron en 1993. De tal forma si pudo trabajar 6 años después del accidente, se considera que su invalidez no tiene que ver con lo acontecido en su lugar de trabajo.

Aunque Eduardo Blanco sufre en estos momentos, 29 años después del accidente, las secuelas que le dejó el mismo, desde el punto de vista físico y social, no olvida que ni su Sindicato, ni la Central de Trabajadores de Cuba, ni tampoco ningún organismo estatal hayan hecho algo por él; que ha sido más importante el lado político de mantener “el prestigio” de la Empresa, que la vida de un ser humano.

A través de manos amigas, porque él no puede hacer gestiones, pudo incluso publicar su caso en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, del cual conserva un ejemplar.

Ahora Eduardo es una víctima más del régimen y se han aplastado sus derechos laborales y tiene que vivir a expensas de su corta familia.

Por Daudy Hermelo Lago, Defensoría del Pueblo

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