martes, 23 de febrero de 2016

Para quitarle sus bienes le diagnostican esquizofrenia




Después de un año que ha sido bien difícil y a la vez muy interesante para mi en lo personal, ya que en este trabajo de Defensoría he aprendido muchas cosas que desconocía hasta el momento y se ha despertado más en mí el sentimiento humanista, y el respeto hacia el prójimo y aprendí sobre todas las cosas que nunca nos damos por vencidos ante tantos obstáculos, trabas y procesos burocráticos, porque cuando defendemos lo que es justo en verdad, sí se puede alcanzar la victoria por difícil que sea; además que me he tenido que convertir en un defensor y abogado incondicional de los derechos de José Antonio, ante los intentos continuos de un complot en su contra en el que están involucrados algunos de sus propios familiares, en particular los hijos de la hermana, para despojarlo y quitarle su casa, la cual recibió como herencia de sus padre. 

La batalla ha sido bien difícil, ya que una sobrina llamada Fernanda Castellano Lozano sustrajo la historia clínica de José Antonio Lozano del consultorio, y un médico del cual desconocemos su nombre la falsificó.  Dicha historia clínica después de falsificada se la presentaron a la doctora del consultorio que atiende los ciudadanos y pacientes que viven el área; Liusmila Lozano Pérez, con registro profesional 99331 y especialista en M.G.I. la que tuvo dudas al principio, ya que tuvo la historia falsificada en su casa por más de siete días según me dijo ella, pero al final accedió, y sin tan siquiera haber consultado ni hablado nunca con José Antonio, y sin ser psicóloga ni psiquiatra ni especialista en la materia, realizo y emitió un resumen clínico por complacencia. Dictaminando a José Antonio con una patología de esquizofrenia y una demencia por vejez; dicha historia es falsificada, y utilizada para tratar de incapacitar a José Antonio y quitarle todos sus derechos sobre su vivienda e internarlo en una clínica para enfermos mentales.

De inmediato fuimos José Antonio y yo a las diferentes entidades a entregar quejas por escrito denunciando lo que estaba sucediendo, dirigiéndonos principalmente a las oficinas de la dirección del Poder Popular municipal de Trinidad que se encuentran situada en la calle José Martí, al ministerio de salud pública municipal que se encuentra en la calle Lino Pérez,  y a las oficinas del Partido Comunista de Cuba que se encuentran en la Carretera que va para Casilda,  y también llamamos por teléfono al número único de la fiscalía general de la republica  para el contacto directo con la población en la Habana 0720612345, el cual ponen en la televisión, y nos quejamos verbalmente, y también fuimos a la fiscalía municipal en Trinidad. Después de tantas denuncias y quejas enviaron una comisión de especialistas a visitar a José Antonio en su casa en la calle Clemente Pereira # 132 en Trinidad, y entre los visitantes que fueron habían dos médicos psiquiatras, las doctoras Dianelis Rodríguez Alba y Bárbara Ramos Andrade, la fiscal Mildrey y la presidenta del Tribunal Municipal de Trinidad.

Realizaron de forma exhaustiva el examen médico correspondiente, el cual dio negativo, ya que José Antonio está en su pleno juicio y no tiene ninguna incapacidad que no le permita regir su persona y sus bienes; de esto les envío una copia, al igual que de las queja presentadas a las diferentes entidades. Sin embargo, para la Doctora, como es costumbre, llegó la señora Doña impunidad, y para quitarle su responsabilidad y exonerarla la de su culpabilidad en los hechos ocurridos la doctora fue inmediatamente cambiada del consultorio, y en mi presencia fue requerida por la directora y doctora jefa del policlínico # 2 Celia Sánchez Manduley, pero al final no le pasó nada, su delito quedo impune. 

Creo y estoy seguro que la doctora incurrió y cometió un delito que es sancionado por el código penal y lo hizo conscientemente, por lo que creo que debió haber recibido otro tipo de sanción mas drástica y severa, ya que con su actuar negligente e irresponsable estaba contribuyendo a que se cometiera una gran injusticia en contra de un anciano de 84 años de edad que merece todo nuestro respeto, apoyo y admiración que está siendo invadido y abusado en su propia casa donde nació, y no pierde la fe en que en algún momento se haga justicia. Aunque todas las quejas, batallas y los esfuerzos no han sido en vano, el día 18 de diciembre del año en curso por fin el tribunal municipal de Trinidad emitió una copia literal de la propiedad de la vivienda que está a nombre de José Antonio Lozano Ramírez y su hermana fallecida el 17 de julio del 2010, Rita María Lozano Ramírez, que ya está en nuestras manos, desde esta fecha la sobrina Azela Castellano Lozano, hija de Rita María, cerró  su casa en la calle G # 39 entre 2da y 4ta, La Purísima, y aprovechándose que es un anciano indefenso invadió la vivienda y ubicó a José Antonio en un cuarto al final de la casa, sin electricidad, con piso de tierra y que se moja todo cada vez que llueve, sin contar que lo tenían durmiendo encima de cartones por mas de 5 años, por lo que tuvimos que comprarle una colchoneta para aliviar tanto dolor y sufrimiento, ni que también le negaban la comida para así terminar con su vida lo mas rápido posible y poder quedarse con la casa. La propiedad que existía desde el año 1997  las sobrinas la tenían oculta, para de esta manera  imposibilitar a José Antonio de todo el derecho que tiene sobre su vivienda. 

Quiero denunciar que a pesar que el gobierno enfatiza y promueve la protección al adulto mayor en Cuba, hay y existen muchos caso de abusos como este en todo el país y se agudizan cada día ante la posibilidad que tiene la gente de poder vender casas, y en la mayoría de los casos las leyes y la fiscalía, que son los encargados de proteger a los ciudadanos, no hacen nada, solo se mantienen al margen alegando que son problemas internos entre los familiares en los que nadie se puede meter, permitiendo así que se cometan muchos abusos en contra de personas que apenas pueden valerse por sí solos. La fiscalía debe y tiene que de hacer su trabajo, que es el de proteger a los ciudadanos, en especial a los ancianos y niños que en su mayoría no pueden defenderse y son víctimas fáciles para muchas personas sin escrúpulos y malvadas, que cuando son tocadas por la avaricia, la codicia y ambiciones personales, no creen en nada ni en nadie, llegando al punto de perder el respeto a lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es la familia.  


Por el afectado, José Antonio Lozano Ramírez, en conjunto con Rene Miranda Lozano.  Delegado del CID en Trinidad y Defensor del Pueblo


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