domingo, 4 de octubre de 2015

El miedo como forma de hacer política


La política del miedo se dirige contra cualquier sector de la población que protesta y, en especial, que protesta fuera de mecanismos “autorizados”, seleccionados y vigilados para canalizar inconformidades. Un objetivo del miedo como control social es la sociedad civil cubana, donde hombres y mujeres de pensamiento libre claman por la dignidad de su nación.

La represión es una acción pública del Estado para contener y callar manifestaciones de oposición, subversión y disidencias. Esto de hecho asusta. Imagine cuando le toca vivirlo: sus principios  y  prioridades deben estar muy  bien definidos para no  flaquear  ante el gobierno, ente gigantesco con recursos casi ilimitados para mancillar a su pueblo.

La represión política en países democráticos se utiliza dentro de límites impuestos por la ley, que hacen que las acciones represivas por parte del Estado sólo sean aceptables en caso de peligro para el orden público, caos social, amenazas a la seguridad nacional o la integridad territorial, o excepciones  como la ley marcial.  En estos casos el uso de la fuerza es legitimado porque el Estado tiene el monopolio de la violencia, sólo él puede realizar actos violentos, todos los demás son ilegales e ilegítimos.

En dictaduras y regímenes de fuerza la represión puede variar como recurso generalizado y virtualmente ilimitado. La represión política a menudo incluye prácticas violentas como tortura o palizas, hasta la pena de muerte. Otros métodos más indulgentes son la censura por medio del arresto, obligación a exilio, y toque de queda, o disparar balas de goma y granadas de aturdimiento durante manifestaciones.

Represión política es sinónimo de discriminación política. Se expresa a través de políticas discriminatorias como violaciones de derechos humanos, abuso de vigilancia, brutalidad policial, prisión, asentamiento involuntario, despojo de derechos del ciudadano, acción violenta o terror: asesinato, ejecuciones sumarias, torturas, desaparición y otros castigos extrajudiciales. En Cuba estamos familiarizados con esos métodos: donde la represión política la organiza el Estado puede constituir delitos de lesa humanidad, terrorismo de estado o genocidio.  La  sistémica represión política  es  típica  de estados  totalitarios   y dictaduras. Asombra e indigna cómo la comunidad internacional ni siquiera se pronuncia al respecto, salvo contadas y respetables excepciones.

En Cuba el miedo es una manera de hacer política. La falta de justicia es una manera degenerar y reproducir miedo en la población, perpetuando en el poder a la cúpula castrista. Triste realidad que vive el cubano. 

El régimen carece de voluntad para subsanar este vacío en el “pacto social y político” que debería existir entre sociedad y gobernantes. Aprendemos que el Estado es dominante, violento, corrupto, arbitrario, depredador, y que prevalece impunidad total en el aparato de seguridad y “justicia”. La violencia se institucionaliza mediante decretos del poder ejecutivo, leyes del legislativo y veredictos del judicial.  La impunidad tiene un patrón de complicidades  entre   autoridades   políticas,  militares, policiales  y  judiciales,  a nivel municipal, provincial y nacional, es decir, en todo el sistema. 

El aparato de justicia no funciona y está diseñado  para trabajar en  contra nuestra; la infraestructura social está devastada.  El régimen sabe que el ciudadano común teme a tal aparato, y lo utiliza para amedrentar: desata sus brazos represores contra expresiones de protesta,  inconformidad,   desacato, desafío,  resistencia,  o  incluso  interpelaciones.   La mayor furia la reserva contra activistas pro-derechos humanos, tildados de mercenarios y gusanos.

El Gobierno teme que la fuerza de la razón y las ideas democráticas hallen tierra fértil en mentes y corazones de los jóvenes cubanos. Teme a esa masa crítica que a través de la historia ha gestado los cambios en el mundo. Por eso es tan importante la preparación y superación en el sector juvenil, hacer que se desentienda de los intereses gubernamentales y pase a formar parte natural de un mundo donde los jóvenes poseen voz, voto y voluntad de CAMBIO.



Por Steve Maikel Pardo Valdés, activista del CID y Defensor del Pueblo en el municipio 10  de Octubre 


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